Los abogados de la RIAA y otras organizaciones de defensa del copyright, han dejado paso a toda una legión de bufetes de abogados de dudosa ética que ofrecen sus servicios a los músicos como intermediarios entre los transgresores del copyright y los poseedores de los derechos. Para ello, envían miles de cartas a usuarios de programas P2P, explicándoles que han cometido una infracción legal y que si no quieren acabar en tribunales, deben abonar una multa de una cierta cantidad.
Muchos usuarios se rinden y pagan, los abogados se quedan su porcentaje, y los músicos reciben el resto. Y a nadie le amarga un dulce aunque sea a costa de chantajear y violentar a los fans de toda la vida. El problema es el que los abogados deben primero obtener información sobre los usuarios para ejercer el chantaje. Deben conocer su dirección IP, su apodo en Internet, y la lista de canciones que están compartiendo. Pero los abogados no se manchan las manos con estas cuestiones. Contratan a terceros.
Recientemente un anuncio de un bufete presuntamente contratado por la Warner Bross ofreció trabajo a jóvenes con amplios conocimientos de informática y manejo de redes P2P. Los contratados tenían que espiar las redes para elaborar una lista de los usuarios más habituales, y de paso obtener dentro de lo posible todos los datos. Incluyendo nombres y apellidos, dirección y teléfono. Para la mayoría de las legislaciones esto sería un intolerable ataque a la intimidad, pero, por desconocimiento de los usuarios, la mayoría de estos casos jamás llegan a tribunales. Los chantajeados o ceden y pagan, o se resisten y la cosa cae en el olvido.
Lo peor de todo es que los piratas que trabajan para la industria lo tienen muy sencillo. Los trackers, los programas que regulan y centralizan el tráfico P2P, llevan registros actualizados de qué comparte cada uno de los usuarios. De hecho, en muchos de los programas basta hacer una búsqueda por el nick del usuario para recibir la lista completa de todos los archivos que está compartiendo. En muchos casos, estas evidencias están traídas por los pelos. Los piratas pueden obtener pruebas de qué ficheros comparte un usuario, pero no de cuantas copias del mismo ha compartido en total. Dicho de otra manera, las evidencias de actividad no son necesariamente evidencias de infracción del copyright. Pero eso no detiene a esta nueva raza de abogados, que cuenta con el desconocimiento legal del público.
