El Gobierno Catalán ha sido del primero en anunciar que solicitará la devolución del dinero cobrado indebidamente con el canon digital. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirmaba que la aplicación del canon a empresas, profesionales y administraciones en España es indiscriminada, está provocando ya las primeras reacciones. Pese a todo, estas declaraciones de la Generalitat deben ser tomadas con la debida cautela. Los propios catalanes han matizado que ésto no es más que una declaración de intenciones.
En realidad, van a esperar a que se adapte la ley estatal para que se ajuste a la sentencia del tribunal europeo. Es el Gobierno Español quien deberá fijar un procedimiento por el cual se podrá acceder a dicha devolución. Por su parte, un portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor ha declarado que no encuentran ninguna base legal que permita a empresas y administraciones reclamar cantidades cuando de momento no hay en España ninguna sentencia que así lo exija.
Las aguas andan revueltas. Quien parece tener las cosas más claras es Josep Jover, el abogado que ha defendido el caso que motivó la sentencia ante el tribunal europeo. Acaba de afirmar que “no hace falta esperar ninguna trasposición de la sentencia, porque el fallo del tribunal es de aplicación directa”. Según el abogado, cualquier administración que quiera reclamar ante el juez necesita únicamente una copia de la certificación original de la sentencia, que ahora se halla depositada ante el ayuntamiento alicantino de Teulada, primer ayuntamiento español que va a solicitar la devolución del canon digital.
Un portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor ha asegurado a su vez que las devoluciones nunca serán con derecho retroactivo porque los cobros se hicieron según la ley española del momento, y que además la cosa se complicaría desde el momento en que hay muchos países europeos con sistema de canon, cuyas entidades de gestión de los derechos de autor también tendrían que devolverlo. Aún más, las administraciones públicas se enfrentan a un grave problema, y es demostrar que han comprado discos CD y DVD, y que por ellos han abonado el canon correspondiente que debería estar desglosado en la factura. Muchos ayuntamientos y alguna administración autónoma se han apuntado al carro de la administración catalana, pero se están encontrando con que los soportes de almacenamiento digital figuran en muchos casos como meros consumibles, y que tiene sobre todo tikets de caja pero no facturas desglosadas, y claro, así no hay devolución.
Vía: El Pais
